EL PROGRAMA DE BIOCOMBUSTIBLES EN COLOMBIA

EL PROGRAMA DE BIOCOMBUSTIBLES EN COLOMBIA
Por: ABEL MERCADO

Es de todos sabido que el calentamiento global y el cambio climático nos está afectando de manera importante. En un escenario sin controles, las emisiones de Gases Efecto Invernadero –GEI- aumentarían en un 75% entre 2005 y 2030. Además de llevar a la extinción entre un 15 y un 37% de las especies para el 2050. Sea del caso mencionar que de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía -AIE-, en el mundo se mueren al año 100 personas por cada 100.000 habitantes, por efecto del aire contaminado.

Hace más de 15 años Colombia, conocedora de esta contundente realidad y consciente de la necesidad de promover un desarrollo energético limpio, sostenible y renovable, dio inicio a una política seria y articulada de promoción de biocombustibles con varios objetivos claros, tal y como esta descrito en las diferentes normas que se han expedido en tal sentido: Ley  693 de 2001 (Uso del alcoholes carburantes), Ley 939 de 2004 (Estimula la producción y comercialización de biocombustibles para uso en Motores Diesel), y el Documento CONPES 3510 de 2008 (Lineamientos de Política para Promover la Producción sostenible de Biocombustibles en Colombia), Con este marco jurídico, que se pensaba definía reglas de juego claras y transparentes entre el Gobierno Nacional y los diferentes actores que participan en el Programa, se inicio un ambicioso plan de siembras y de inversiones que superan los USD$5.000’000.00 (15 billones de pesos). Entre los principales objetivos del programa nacional de biocombustibles, podemos resaltar: 

(i)                 Reducir la contaminación ambiental. Mitigar los efectos del cambio climático mediante la reducción de Gases de Efecto Invernadero –GEI-. 

(ii)               Promover el uso sostenible de combustibles renovables. Eliminar los subsidios a los combustibles fósiles.

(iii)             Diversificar la canasta de energéticos líquidos. 

(iv)             Generar empleo rural digno, mediante un ambicioso programa de promoción de siembras en nuevos polos de desarrollo, como es el caso del Catatumbo.

(v)               Mantener “Reglas de Juego” claras y transparentes a partir de darle un valor real a la materia prima (caña de azúcar y palma de aceite), para promover inversión en la cadena agroindustrial y generar estabilidad jurídica.

De otra parte es un hecho cierto que, habida cuenta del compromiso de los Colombianos y del Gobierno Nacional con la obtención de una paz estable y duradera, que se han concretado en los importantes e inéditos logros alcanzados hasta ahora, y de la necesidad de ir consolidando estos logros, como apoyo y estímulo a los desarrollos aun pendientes para la plena concertación de la concordia nacional y de manera especial incorporando extensas regiones del País al desarrollo económico, agrícola y rural, los miembros del gremio palmero han estimado pertinente proponer al Gobierno, trabajar en alianza para la materialización de tres objetivos primordiales: 

1.       La recuperación integral de territorio, antes capturado por las organizaciones armadas al margen de la Ley, así como su incorporación a la vida institucional mediante la dotación de estructuras productivas estables y que garanticen bienestar social a las familias vulnerables, contribuyendo de esta forma y de manera significativa a la riqueza y estabilidad del país, tanto en la fase inmediata del posconflicto, como después de esta (Impacto Social). 

 

2.      El apalancamiento en el sector palmero para el logro de los objetivos del COP21 (Impacto Ambiental) 

 

3.      Respetar las “Reglas de Juego Claras y Transparentes”, concertadas entre el Gobierno Nacional y los productores del campo e inversionistas, para que generen la confianza necesaria a quienes participan de la cadena agroindustrial (Estabilidad Jurídica).

Para el logro de estos objetivos, es imprescindible la necesidad de proveer seguridad jurídica de los procesos adelantados, que garantice las condiciones adecuadas para la concreción de las metas programáticas oficiales y las expectativas de todos las partes involucradas en la marcha y en los resultados del sector agroindustrial. 

El sector palmero instituyó por auténtica vocación, un modelo innovador e inclusivo con capacidad de integrar pequeños, medianos y grandes productores en esquemas sociales y económicos históricamente sostenibles. Replicado el modelo, en la última década, más de 6.000 pequeños productores del sector palmero han constituido alrededor de 124 alianzas productivas estratégicas (unión de pequeños cultivadores con medianos y grandes). El 60% del empleo generado por la palmicultura es formal, y el nivel salarial es superior en un 20% frente a otros sectores agrícolas. Genera trabajo, bienestar social y esperanza de vida, lo que se traduce en condiciones solidas para la paz. El sector palmero procura alrededor de 140.000 empleos. Una de cada cuatro hectáreas se cultiva a partir de negocios inclusivos. Con presencia en 125 Municipios y 20 Departamentos, localizados en zonas criticas como los son el Magdalena Medio, Catatumbo, Tumaco, con un entorno de orden público de todos conocidos.

Indudablemente con una frontera agrícola de 44 millones de hectáreas, Colombia cuenta en el campo, con un cultivo idóneo para la consolidación de los proyectos de restauración que se habrán de estructurar durante el postconflicto.  

Se ha promovido el cultivo de palma de aceite bajo difíciles condiciones de infraestructura, en zonas vulnerables como lo son: el Catatumbo, el Magdalena Medio o Tumaco, en la convicción del cumplimiento del parte del Gobierno Nacional de unas “Reglas de Juego Claras y Transparentes”, para que se logre la consolidación de un programa nacional de biocombustibles. Fruto de este trabajo de cientos de familias, Colombia se ha convertido como el primer productor de palma en la región y el cuarto en el mundo, aportando el 6% del PIB agropecuario del país e impactando positivamente a las regiones en 4,4 billones de pesos anuales (USD$1.794 millones) lo que representa un 0,61 del PIB nacional de 2015.  Todas estas cifras dispuestas a ser superadas, de existir finalmente, un programa de biocombustibles con un horizonte de crecimiento claro y con un compromiso serio del Gobierno Nacional de respectar las reglas que generan la estabilidad jurídica necesaria para jalonar el campo Colombiano, con un cultivo que ha demostrado sus ventajas para todos los eslabones de la cadena. 

Colombia se ha comprometido a reducir el 20% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero –GEI- para el 2030. Actualmente los biocombustibles reducen las emisiones entre un 74%-83%, el equivalente a la siembra de 190 millones de árboles en un año. Los biocombustibles aportan el 6% de la reducción de la meta nacional, con una mezcla de sólo 9,2% en el biodiesel, reduciendo además las emisiones del sector transporte en un 8%. Estamos dispuestos a superar las metas a que se comprometió el Gobierno, con la consolidación final del programa Nacional de Biocombustibles y a asumir la asignación de metas específicas por galón mezclado.

La agroindustria de palma contribuye a la mitigación del cambio climático ya que ofrece una alternativa de energía limpia a través del biodiesel, y el potencial de cogeneración de energía a través de la biomasa. 

La infraestructura de la que goza la palmicultura Colombiana, organizada y documentada, es el resultado de un compromiso adquirido para el desarrollo de una política pública encaminada a la recuperación del campo Colombiano a través de los biocombustibles.  El sector palmero desarrolló, coordinó y comprometió su patrimonio para logro de tales fines.  Las reglas de la misión encomendada fueron dadas en la ley 939 de 2004 y reafirmadas en el documento CONPES 3510, mezcla de biodiesel del 20% en el año 2020.  En este sentido el sector sembró e inyectó recursos e ingeniería en la puesta en marcha de programas de investigación y el montaje de plantas de biodiesel.

Hoy nos enfrentamos a un cambio absoluto y unilateral de las reglas concertadas y el consecuente riesgo de generar intranquilidad y desesperanza en una base de más de 6.000 pequeños productores, por lo que se requiriere que los diferentes entes del Gobierno Nacional involucrados en la política de biocombustibles, entienda y contextualice los factores que determinan el ingreso al productor en reciprocidad a los beneficios medioambientales, de bienestar social para comunidades vulnerables y de inclusión socio-económica que se generan y promueva el aumento de la mezcla, como forma propicia para la absorción de la producción de pequeños y medianos palmicultores. Lo otro es ir en contravía de una política que debe ser implementada para el posconflicto.

No deja de ser paradójico que mientras el mundo  aplaude los diferentes Acuerdos y Protocolos que se suscriben  para luchar contra el cambio climático, el Gobierno Nacional, de un plumazo borre la contribución que le hacen los biocombustibles a lograr las metas propuestas, ya que se pueden perder un ahorro de 2.5 millones de toneladas de Gases Efecto Invernadero –GEI-, ahorro este que equivaldría a sembrar 190 millones de árboles en un año.

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